El desmantelamiento de los sistemas públicos de educación y su privatización no es un fenómeno reciente ni exclusivo del Ecuador, ni un efecto de la pandemia. La historia nos enseña que las políticas neoliberales, impulsadas por el FMI y otros organismos internacionales, grupos de poder local, desarrollan una ofensiva contra derechos y servicios sociales con el fin de desmantelar el Estado y ponerlo a su servicio.
El Primero de Mayo, día internacional de los y las trabajadoras, el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Economía y Finanzas de manera unilateral, ilegal y arbitraria decidió recortar el presupuesto a la educación superior bajo el argumento de emergencia sanitaria. Son 32 establecimientos entre universidades, escuelas superiores e institutos tecnológicos los que se verán afectados por una disminución de recursos económicos que en total suman más de 98 millones de dólares, específicamente para la Universidad de Cuenca la suma asciende a 5’546.702.85 millones.El mismo Ministerio ya intentó reducir el presupuesto del 2019 para educación, sin embargo, las movilizaciones estudiantiles le obligaron a retroceder, como ha sucedido en varias ocasiones en el país.
Hoy, al vernos sometidos al confinamiento, sin la posibilidad de salir a las calles a ejercer nuestro derecho a la resistencia y rechazar estas medidas consecuencia del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y de un modelo económico que desinvierte en los servicios públicos, miramos con preocupación esta decisión claramente inconstitucional, en tanto, el estado de excepción tiene límites respecto al uso de fondos públicos por parte del Presidente. Como señala el artículo 165, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en estado de emergencia se podrá utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
Ante estas medidas que atentan contra el derecho a la educación, la estabilidad laboral de docentes, personal administrativo, obreros y obreras, derechos humanos que han costado años conseguir, nosotros y nosotras como Colectivo Kaleidos defendemos la educación pública y nos oponemos a la mercantilización de la academia ecuatoriana. También expresamos nuestro rechazo a la arbitrariedad gubernamental y exhortamos a las autoridades universitarias y órganos estatales competentes a tomar todas las acciones jurídicas necesarias para garantizar la educación pública y que no exista regresividad de derechos fundamentales.
Un recorte presupuestario al sistema de educación pública, no solo afecta a miles de estudiantes, sino que hipoteca el futuro de un país tan golpeado por los efectos de la pandemia y la deficiente gestión de la emergencia, al poner en riesgo procesos educativos y proyectos de investigación y servicio a la comunidad. Como dijo Marshall Berman, aún en medio de un desafortunado presente, es posible imaginar un futuro abierto porque ningún proyecto histórico es inevitable.
